ISR por Adquisición de Inmuebles: el Régimen que Grava al Comprador

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El 3 de marzo de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad del sistema que grava al comprador de un inmueble cuando adquiere el bien a precio inferior a su avalúo, al resolver el Amparo en Revisión 384/2025; una resolución relevante para toda persona física que realice operaciones de compraventa de bienes raíces en México.


Puntos Clave


El comprador como contribuyente

En operaciones de compraventa de inmuebles, la carga fiscal más visible suele recaer sobre el vendedor, quien tributa por la ganancia derivada de la enajenación; sin embargo, la Ley del ISR también establece una obligación tributaria que puede recaer directamente sobre el adquirente.

El fundamento se encuentra en el Capítulo V del Título IV de la Ley, denominado “De los Ingresos por Adquisición de Bienes”; su lógica es: quien adquiere un bien a precio inferior al comercial obtiene un beneficio económico real que modifica positivamente su patrimonio.

Pensando en términos prácticos: si una persona compra un inmueble cuyo valor de mercado es de $2,000,000 y lo adquiere por $1,500,000, el “ahorro” de $500,000 representa un incremento patrimonial real, aunque no implique una transferencia directa de dinero hacia el comprador.

Esa diferencia entre lo pagado y el valor real del bien es lo que el legislador federal decidió gravar como ingreso, reconociendo que el adquirente obtuvo un enriquecimiento perfectamente cuantificable mediante el instrumento técnico del avalúo; una lógica que la Suprema Corte ha respaldado de manera reiterada.


La mecánica del cálculo: avalúo, umbral y pago provisional

El artículo 125 de la Ley del ISR activa esta obligación cuando el valor del avalúo excede en más del 10% la contraprestación pactada; en ese supuesto, la totalidad de la diferencia —no solo el excedente sobre el umbral— se convierte en ingreso acumulable del adquirente:

“Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo con el total de la diferencia citada.” — Artículo 125, Ley del Impuesto sobre la Renta

Una vez reconocida la diferencia como ingreso, el adquirente enfrenta tres obligaciones concretas: primero, dar tratamiento de ingreso a esa diferencia; segundo, acumularla a sus demás ingresos del ejercicio para el cálculo del impuesto anual conforme al artículo 152 de la Ley; y tercero, efectuar un pago provisional.

El pago provisional, regulado en el artículo 132, equivale al 20% del ingreso percibido sin deducción alguna y debe enterarse dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso; en operaciones consignadas en escritura pública, son los notarios y fedatarios quienes lo calculan y lo enteran.

Volviendo al ejemplo: si la diferencia entre el avalúo ($2,000,000) y el precio pactado ($1,500,000) es de $500,000 y ese monto supera el 10% del precio acordado ($150,000), entonces los $500,000 completos son ingreso gravable, generando un pago provisional de $100,000.

Un detalle relevante: el incremento en el costo fiscal del bien para el adquirente también sube en el monto de la diferencia reconocida como ingreso, lo que permite que al momento de una futura enajenación esa cantidad no sea gravada nuevamente como ganancia para el vendedor.


La SCJN confirma la constitucionalidad del umbral del 10%

El umbral del 10% fue uno de los ejes centrales del litigio que llegó a la Suprema Corte, pues los quejosos argumentaron que fijar ese porcentaje específico como disparador de la obligación tributaria era arbitrario y violatorio del principio de proporcionalidad tributaria.

El razonamiento de los quejosos era que una diferencia del 9.9% no genera obligación alguna, mientras que una del 10.1% hace gravable el total del excedente, lo que —en su argumento— producía una asimetría difícilmente justificable desde el punto de vista constitucional.

En sesión del 3 de marzo de 2026, el Tribunal Pleno desestimó ese planteamiento al resolver el Amparo en Revisión 384/2025, señalando que la fijación de ese umbral corresponde a la libre configuración legislativa para diseñar regímenes tributarios:

“A criterio de este Tribunal Pleno la fijación del porcentaje del 10% como parámetro para fijar el ingreso que debe acumular el adquirente del bien inmueble no resulta desproporcional en la medida que la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva.” — Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 384/2025

El Alto Tribunal también rechazó el argumento de que delegar la valoración del inmueble a un perito viola el principio de legalidad tributaria, precisando que el avalúo es un elemento técnico objetivo que permite detectar subvaluaciones pactadas deliberadamente entre las partes como práctica elusiva.

Asimismo, la Corte descartó que el régimen sea discriminatorio por no establecer tratamientos diferenciados según el destino del inmueble o las características personales del comprador, pues la obligación tributaria deriva del incremento patrimonial obtenido y no del perfil del adquirente.


Una operación, múltiples impuestos: lo que hay que considerar

El ISR por adquisición de bienes es solo una de las cargas fiscales que puede generar una compraventa inmobiliaria, ya que estas operaciones también pueden activar impuestos locales y derechos registrales que incrementan considerablemente el costo fiscal total de la transacción.

El propio caso que llegó a la Suprema Corte es ilustrativo: el mismo litigio involucró simultáneamente el ISR federal, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) del Código Fiscal de la Ciudad de México y derechos por la inscripción de actos en el Registro Público de la Propiedad.

El ISAI es un impuesto local cuya tasa y mecánica varía por entidad federativa y que grava precisamente el acto de adquisición del inmueble, con independencia de si existió o no una subvaluación respecto del avalúo; su causación no depende del umbral del 10% que regula el ISR federal.

A nivel federal, además del ISR de adquisición que grava al comprador, puede generarse el ISR por enajenación para el vendedor, y en ciertos supuestos de inmuebles no destinados a casa habitación también puede resultar aplicable el IVA, ampliando aún más las capas de tributación involucradas.

En ese contexto, la planificación fiscal de una operación inmobiliaria debe considerar no solo si existe una brecha entre el precio pactado y el avalúo, sino el impacto combinado de todas las contribuciones que el derecho tributario federal y local pueden imponer sobre la misma transacción.

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