México recibió USD 36,872 millones de IED en 2024 —el nivel más alto de su historia—, y el 54% de ese flujo fue a manufactura. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB manufacturero cayó a –1.5% en el tercer trimestre de 2025. Esas dos cifras juntas describen el problema de cualquier empresa extranjera que evalúa establecer operaciones manufactureras en México hoy: la oportunidad estructural es real, pero el entorno operativo es materialmente más difícil que en 2022, cuando la narrativa del nearshoring estaba en su punto de mayor euforia.
Este artículo no explica por qué México “tiene potencial”. Explica qué ha cambiado, qué costos reales debe presupuestar y qué señales de advertencia pasaron inadvertidas en los análisis de los últimos tres años.
El tamaño del mercado y por qué las cifras de IED engañan sin contexto
La manufactura representa el 21.4% del PIB nominal mexicano —USD 364,000 millones en producción estimada para 2024 (Safeguard Global)— y genera el 89.7% de las exportaciones totales del país.
México superó a China como primer proveedor de bienes a Estados Unidos en 2023, con importaciones estadounidenses desde México de USD 475,000 millones. Esos datos son verificables y no están inflados.
Lo que sí requiere matiz es la composición de esa IED récord.
Del total de 2024, el 77.9% correspondió a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, y apenas el 8.6% —USD 3,170 millones— fueron nuevas inversiones greenfield. El Dallas Fed documentó en diciembre de 2024 que gran parte del aumento en el comercio bilateral refleja desvío comercial, no relocalización de capital productivo. Solo el 12.9% de las empresas mexicanas con más de 100 empleados reportó incrementos atribuibles al nearshoring en la Encuesta de Percepción Empresarial de Banxico (2024). La brecha entre el relato y la evidencia es relevante para cualquier empresa que esté calibrando cuánta demanda de cadena de suministro existe realmente para una nueva operación.
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La estructura de costos: lo que debe presupuestar antes de firmar cualquier contrato
El costo laboral integral para un operador de manufactura de nivel entrada en México se sitúa en USD 5.56 por hora —incluyendo IMSS, Infonavit, SAR, impuesto sobre nómina estatal e indemnizaciones—, frente a USD 6.50–7.50 en China y USD 27–30 en Estados Unidos (Tetakawi, abril 2026). Esa ventaja es real. Lo que no siempre aparece en los modelos financieros de entrada es que el salario mínimo general ha aumentado más del 100% desde 2018, y que la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas —con implementación gradual entre 2027 y 2030— implica un incremento adicional estimado en 10–20% sobre la nómina manufacturera actual (BCG, 2024).
La siguiente tabla sintetiza los costos operativos que más varían y con mayor frecuencia se subestiman en proyecciones de entrada:
| Concepto | Costo referencial (2025–2026) | Variación por región | Fuente |
|---|---|---|---|
| Operador manufactura (costo integral) | USD 5.56/hora | ±15% norte vs. interior | Tetakawi |
| Técnico CNC | USD 8.13/hora | Mayor en Querétaro/CDMX | Tetakawi |
| Renta nave industrial | USD 4.50–8.00/m²/mes | USD 4.50 Bajío / USD 8.00+ frontera | Colliers/Cushman |
| Electricidad industrial (media tensión) | USD 0.10–0.18/kWh | ~14% más cara en norte | CFE/ANIQ |
| Gas natural industrial | USD 3.21–4.95/MMBtu | Menor en noreste | ANIQ 2025 |
| Incremento anual esperado de nómina | 10–15% | Uniforme | CONASAMI/BCG |
Las rentas industriales aumentaron entre 39% y 50% desde 2022. En mercados como Tijuana y Monterrey, la disponibilidad de espacio con suministro eléctrico garantizado es el verdadero cuello de botella: el 91% de los parques industriales encuestados por BBVA-AMPIP en 2023 reportó problemas de suministro eléctrico.
Los tres riesgos que los análisis de nearshoring suelen minimizar
El riesgo energético es estructural, no transitorio. La Ley del Sector Eléctrico publicada en marzo de 2025 consolidó a CFE como operador con prevalencia mínima del 54% en generación y eliminó a la CRE como regulador independiente. Para manufactura con alta intensidad energética, el precio promedio industrial en México —alrededor de USD 0.13–0.18/kWh— es superior al de Texas (~USD 0.06/kWh). El autoconsumo con generación distribuida sigue siendo viable para instalaciones menores a 0.7 MW sin permiso adicional, pero los excedentes solo pueden venderse a CFE. Cualquier empresa que planee operar con energía renovable propia debe revisar este marco antes de dimensionar su inversión.
El riesgo hídrico es geográficamente concentrado pero severo. El 70% del territorio mexicano presenta estrés hídrico según el PUEC-UNAM, y el 80% de los acuíferos está en niveles mínimos históricos (CONAGUA). Nuevo León —el principal destino de nearshoring— vivió en 2022 su peor crisis hídrica en tres décadas. La disponibilidad de agua no aparece en los prospectos de parques industriales con la misma prominencia que el acceso a carreteras o ferrocarril, pero ha bloqueado permisos de operación en al menos tres municipios del corredor Monterrey-Saltillo en los últimos 18 meses. Verificar la concesión de agua antes de comprometer un contrato de arrendamiento no es un trámite menor.
El riesgo jurídico derivado de la reforma judicial requiere una lectura cuidadosa. La reforma constitucional de septiembre de 2024 convierte a México en el único país del mundo que elige su judicatura completa por voto popular. La primera elección de aproximadamente 2,700 jueces ocurrió el 1 de junio de 2025. Moody’s advirtió que esto será “particularmente dañino para futuras inversiones de nearshoring”. La preocupación concreta para empresas manufactureras no es abstracta: la ejecución de contratos, la resolución de disputas laborales y la protección de inversiones ante incumplimientos regulatorios dependen de la solidez institucional del sistema judicial. Eso no invalida la entrada, pero cambia la forma en que deben estructurarse los contratos con proveedores y distribuidores locales.
Incentivos fiscales vigentes: lo que puede aprovechar y lo que exige cumplimiento activo
El programa IMMEX —con más de 5,000 operaciones activas y más de 3 millones de trabajadores— sigue siendo la pieza central de cualquier estructura para manufactura de exportación. Permite importar temporalmente materias primas sin pagar arancel de importación por hasta 18 meses, y maquinaria sin plazo. Con la Certificación IVA/IEPS adicional, el crédito fiscal cubre el 100% del IVA en importaciones temporales. El registro ante la Secretaría de Economía toma entre 15 y 20 días hábiles sin costo.
El Decreto Plan México (publicado el 21 de enero de 2025) extiende incentivos de depreciación acelerada —entre 41% y 91% según el tipo de activo— a todos los sectores industriales que adquieran activos fijos nuevos antes de septiembre de 2030. El presupuesto asignado es de MXN 30,000 millones.
Para empresas que consideren ubicarse en municipios fronterizos del norte, el ISR reducido al 20% (frente al 30% general) y el IVA al 8% (frente al 16%) se aplicarán en 43 municipios de seis estados. Este incentivo fue renovado por la administración Sheinbaum en diciembre de 2024.
Lo que requiere atención activa es la reforma de subcontratación de 2021 (DOF 23/abril/2021), que prohíbe la tercerización de personal y limita la subcontratación a servicios especializados registrados en el REPSE. Las empresas que utilicen proveedores de servicios sin registro vigente pueden incurrir en sanciones de hasta 50,000 UMAs —aproximadamente MXN 5.4 millones en 2025—, y en responsabilidad solidaria en materia de seguridad social. Esta es una de las principales fuentes de contingencias para empresas extranjeras que inician operaciones con modelos de fuerza laboral flexible.
Qué tipo de operación tiene mejores condiciones para competir hoy en manufactura en México
La renegociación del T-MEC prevista para 2026 define el umbral mínimo de relevancia para cualquier análisis de entrada. Alrededor del 50% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. cumplen actualmente las reglas de origen del T-MEC y acceden con arancel 0%; quienes no las cumplen enfrentan el arancel general del 25% ya vigente para automóviles, acero y aluminio. Una operación diseñada sin tomar en cuenta el contenido regional requerido puede perder su ventaja competitiva completa en 2026 sin necesidad de ningún cambio adicional en la regulación.
Las operaciones con mayor capacidad de absorber el entorno actual comparten características específicas: están en sectores con contenido T-MEC alto y difícil de replicar desde Asia en el corto plazo (automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, electrónica de exportación); se instalan en parques industriales con capacidad eléctrica e hídrica confirmada antes de firmar contrato; presupuestan la nómina con incrementos anuales del 12–15% mínimo; y estructuran su operación bajo IMMEX desde el inicio, aprovechando la depreciación acelerada del Plan México mientras esté vigente.
La pregunta que define si México es la decisión correcta no es si el mercado es atractivo —los flujos de capital demuestran que sí lo es para quienes ya están instalados—, sino si su empresa puede operar con un marco regulatorio que cambia con frecuencia, un sistema judicial en transición y restricciones de infraestructura que requieren gestión activa. Las empresas que han tenido dificultades no son las que eligieron México: son las que sobreestimaron la predictibilidad del entorno y subestimaron el costo de navegarlo sin estructura local.