Si la STPS canceló tu registro en el REPSE, la ruta legal cambió. Esta guía explica paso a paso qué acciones son viables, cuáles ya no proceden y cómo proteger tu operación e imagen ante tus clientes mientras el juicio avanza.

Puntos Clave

• Todos los recintos fiscalizados estratégicos deberán contar con sistemas tecnológicos interoperando con el sistema aduanero y permitiendo acceso remoto a las autoridades, según el artículo 14-D reformado.
• Desde el 1 de abril de 2026, quienes introduzcan mercancía extranjera al RFE deberán garantizar, mediante depósitos en cuentas aduaneras, el monto equivalente a contribuciones y cuotas compensatorias provisionales (artículo 86-A, fracción III).
• Directores Financieros y Gerentes de Administración deben, antes de marzo de 2026, calcular el capital necesario para garantías, revisar opciones de crédito y planear el impacto en el flujo de efectivo por el bloqueo temporal de recursos.
• Empresas con doble rol de administrador-usuario en el RFE deberán decidir antes de enero de 2026 cuál función conservar y reestructurar su organización o contratos, considerando implicaciones legales y operativas.
• Se exige demostrar con documentación técnica y contable que las mercancías en el régimen RFE fueron elaboradas, transformadas o reparadas, conforme a la nueva fracción VI del artículo 135-B.
• Las sanciones por retirar mercancías sin cumplir formalidades aumentan del 250% al 300% de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, y puede haber suspensión del recinto de dos a treinta días en caso de reincidencia (artículo 187, fracción XIII).

La STPS tiene la facultad de cancelar en cualquier momento el registro en el REPSE, y si eso te ocurrió, la primera maniobra que muchos asesores planteaban —obtener una medida cautelar que restituya provisionalmente el registro— ya no es viable tras la jurisprudencia IX-J-SS-156 del TFJA.

Esta guía responde con precisión a tres preguntas esenciales: por qué te cancelaron el registro, qué opciones legales siguen siendo válidas y cómo proteger tu operación e imagen ante tus clientes mientras el juicio avanza.

¿Por qué puede cancelarte la STPS el registro?

El Artículo Décimo Quinto del Acuerdo emitido por la STPS el 24 de mayo de 2021 —reformado en febrero de 2024— establece once supuestos bajo los cuales la autoridad puede cancelar el registro en cualquier momento, sin necesidad de esperar al vencimiento del periodo de renovación.

Las causales abarcan desde incumplimientos sustantivos —como adeudos fiscales firmes ante el SAT, el IMSS o el Infonavit, o tener trabajadores no inscritos en el seguro social— hasta irregularidades formales, como datos imprecisos en la plataforma o la falta de atención a requerimientos de documentación de la STPS.

Conocer la causal específica que motivó tu cancelación es el primer paso de cualquier estrategia de defensa, porque determina tanto la solidez legal del acto como las posibilidades reales de revertirlo mediante juicio o de subsanar la irregularidad directamente ante la autoridad.

Lo que ya no funciona: la medida cautelar positiva

Durante años, la práctica habitual ante una cancelación de REPSE era solicitar al TFJA una medida cautelar positiva que restituía provisionalmente el registro mientras se resolvía el juicio de nulidad, permitiendo a la empresa continuar operando con sus contratos vigentes sin interrupciones relevantes.

Esa vía quedó cerrada de manera definitiva con la jurisprudencia IX-J-SS-156, aprobada el 3 de diciembre de 2025 por unanimidad de 11 votos del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del TFJA:

“en el caso de la cancelación del registro ante el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), es improcedente conceder la medida cautelar positiva, pues si bien los efectos restitutorios pretendidos son temporales y reversibles, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social.”

El argumento central es que el REPSE protege a trabajadores y a la hacienda pública frente a simulaciones laborales, por lo que restaurarlo provisionalmente equivale a suspender una norma de orden público —lo que el artículo 24 de la LFPCA prohíbe expresamente para cualquier medida cautelar, sin excepción.

La diferencia es que el litigio transcurrirá sin protección provisional, lo que convierte al tiempo del juicio en un período de operación en zona de riesgo legal tanto para la empresa cancelada como para sus clientes, que quedan expuestos a responsabilidad solidaria laboral durante ese lapso.

Lo que sí puedes hacer: acciones legales viables

La jurisprudencia no clausura el acceso a la justicia; solo elimina la herramienta de la medida cautelar provisional, de modo que las opciones para cuestionar y revertir una cancelación de REPSE siguen existiendo, aunque requieren una estrategia diferente y, sobre todo, más anticipada.

Atender el procedimiento previo ante la STPS

Si la cancelación aún no ha quedado firme, el Artículo Décimo Quinto del Acuerdo prevé que la STPS debe notificarte para que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, manifiestes lo que a tu derecho convenga; ese plazo es corto pero estratégicamente decisivo.

Una respuesta bien documentada en ese plazo puede impedir que la cancelación se materialice si acreditas que la irregularidad fue subsanada o que los hechos en que se basa la autoridad son inexactos; no debe dejarse vencer sin una presentación formal y debidamente sustentada ante la STPS.

Impugnar mediante juicio de nulidad ante el TFJA

Una vez firme el acto de cancelación, el juicio de nulidad ante el TFJA sigue siendo la vía principal para cuestionarlo en el fondo, ya que una sentencia favorable puede restituir el registro de manera definitiva y ordenar a la STPS su restitución sin condición temporal ni reversibilidad.

Evaluar el juicio de amparo indirecto

En casos donde la cancelación implica una violación grave al debido proceso —por ejemplo, si la STPS no agotó el procedimiento previo de notificación o si el acto carece de fundamentación adecuada—, puede evaluarse la procedencia del juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal.

Esta vía tiene la ventaja de que los jueces de Distrito sí pueden conceder suspensiones con efectos provisionales, aunque el análisis de procedencia también considera la afectación al interés social, por lo que no es una vía automática ni garantizada, sino que requiere argumentos constitucionales sólidos y específicos.

Solicitar un nuevo registro

Si las irregularidades ya fueron subsanadas —por ejemplo, si se liquidaron los adeudos fiscales o se regularizaron las inscripciones al IMSS—, puede explorarse una nueva solicitud de registro ante el REPSE, siempre que se acrediten nuevamente todos los requisitos legales correspondientes.

El impacto en tus contratos y clientes actuales

La cancelación del REPSE no es un problema interno de la empresa contratista; sus efectos se propagan de inmediato a todos los contratos de servicios especializados vigentes, creando una exposición legal concreta para los clientes que siguen usando esos servicios durante el período de cancelación.

El artículo 14 de la LFT es preciso al respecto:

“La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.”

Continuar prestando servicios durante el período de cancelación no es una decisión neutral: genera responsabilidad solidaria para ambas partes respecto de los trabajadores involucrados, lo que puede traducirse en obligaciones laborales, de seguridad social y de vivienda que ninguna había contemplado asumir directamente.

La comunicación inmediata y transparente con tus clientes es una obligación práctica; ocultarles la cancelación mientras el juicio avanza no los protege ni a ellos ni a ti, y puede derivar en responsabilidades adicionales por no informar oportunamente sobre una condición que afecta directamente la validez del contrato.

Los puntos críticos que debes monitorear de forma permanente

La lección más importante que deja esta jurisprudencia es que el cumplimiento preventivo es la única estrategia eficaz en el nuevo régimen de subcontratación, porque una vez cancelado el registro no existe herramienta procesal que proteja la operación mientras se resuelve el litigio.

Los puntos que toda empresa registrada ante el REPSE debe monitorear de forma continua son los siguientes:

• El estatus de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, verificando la presentación oportuna de declaraciones periódicas y la inexistencia de créditos firmes pendientes;
• La correcta inscripción de todos los trabajadores ante el IMSS y el Infonavit, con salarios registrados que correspondan a los efectivamente pagados en la realidad;
• La vigencia del registro, que debe renovarse cada tres años conforme al artículo 15 de la LFT, sin esperar requerimiento de la STPS para iniciar el trámite;
• La correspondencia exacta entre los servicios inscritos en el padrón y los que se prestan en la realidad, evitando actividades no contempladas en el registro vigente;
• La respuesta oportuna a cualquier requerimiento de información de la STPS, cuya omisión es por sí sola causal de cancelación bajo el inciso f) del Artículo Décimo Quinto; y
• La revisión periódica de los contratos de prestación de servicios especializados, verificando que el número de registro REPSE vigente esté incorporado correctamente en cada instrumento.

Para las empresas que operan como prestadoras de servicios especializados, este criterio confirma que no existe margen para la improvisación: el REPSE es el título habilitante sin el cual la actividad deja de ser legal, y no hay recurso provisional que supla su ausencia mientras se litiga.